Uruguay país progresista y sobre todo transgénico

Betania Núñez y Tania Ferreira, Semanario Brecha, Montevideo

 

La Asociación Rural del Uruguay apeló a la “sensibilidad” del presidente Tabaré Vázquez y logró que el Gabinete Nacional de Bioseguridad aprobara 14 nuevos eventos transgénicos. La sucesión de los hechos muestra que Vázquez, ante una carta enviada por la Aru, primero solicitó un informe a la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, y luego ignoró la posición de la ministra, contraria a la aprobación. El presidente prefirió en cambio tener un gesto público hacia la gremial: una segunda carta, esta vez en agradecimiento por la “diligencia” de Vázquez, fue publicada en la página web de la Presidencia.

Una discusión insalvable entre ministros se laudó luego de que Vázquez recibiera una carta de la Asociación Rural del Uruguay (Aru). En la misiva enviada el 27 de noviembre la gremial argumentó “la necesidad impostergable” de que los transgénicos a consideración del Gabinete Nacional de Bioseguridad fueran aprobados. El debate por la aprobación llevaba años y las posturas, por un lado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y del Ministerio de Salud (MS), y por otro del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Mgap), eran irreconciliables.

El 7 de diciembre el presidente envió a la ministra la carta original de la Aru, firmada de puño y letra por Pablo Zerbino (presidente) y Guzmán Tellechea (secretario), y le solicitó un informe que respondiera a los argumentos de la gremial. La ministra contestó entonces a cada una de las afirmaciones de los rurales, cuestionó el funcionamiento del sistema que analiza las solicitudes de nuevos transgénicos y se detuvo particularmente en los riesgos ambientales y sanitarios de cuatro eventos evaluados para su uso comercial, como consta en el informe que le entregó en mano al presidente el 11 de diciembre, al que accedió este semanario.

Los transgénicos fueron aprobados por el gabinete cuatro días después, pese a las argumentaciones contrarias de la titular del Mvotma y del ministro de Salud, Jorge Basso: por primera vez se tomó una definición sin el visto bueno de Salud y Ambiente. Finalmente, la Aru envió una carta de agradecimiento a Vázquez, que se publicó en la página web de la Presidencia el 19 de diciembre bajo el título “Asociación Rural del Uruguay destacó sensibilidad y diligencia del presidente Vázquez ante el planteo realizado”. En cambio, la ministra no obtuvo una respuesta a su informe.

POR QUÉ SÍ, POR QUÉ NO. La carta tiene el logo de la Asociación Rural del Uruguay, la fecha del 27 de noviembre de 2017, el destinatario es el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se copia al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.

La Aru presentó por escrito su molestia ante lo que consideró una “demora no explicada” en la liberación de los últimos “eventos” transgénicos de maíz y soja pendientes de evaluación: “preocupados en extremo frente a un rezago tecnológico sin argumentos objetivos que lo expliquen, y ante la necesidad imperiosa de cumplir con exigencias crecientes para colocar nuestra producción en los mercados demandantes (…), es que elevamos a su consideración la necesidad impostergable de cumplir objetivamente con los procesos de evaluación y finalmente de liberación de aquellas tecnologías de última generación”.

La Aru también presentó sus cifras: según un estudio de la consultora Seragro, desde la zafra 2003-2004 a la de 2014-2015, sólo en soja, la introducción de transgénicos implicó un ingreso de 4.447 millones de dólares (por un incremento en los rendimientos de 13 millones de toneladas con relación a la soja convencional). En cuanto al maíz, el beneficio fue de 305 millones de dólares, argumentaron.

La carta de la Aru recuerda a una misiva anterior. En esa oportunidad el destinatario fue el subsecretario del Mgap, Enzo Benech, la fecha el 6 de junio de 2016, el firmante nada menos que la empresa Monsanto. En la carta se presionaba al gobierno para que convocara al Gabinete Nacional de Bioseguridad y tratara “a la mayor brevedad posible” la liberación para producción y uso comercial del maíz Mon 89034 x Mon 88017. En ese momento Monsanto no quería ser “nuevamente perjudicada perdiendo un año más” frente a sus competidores comerciales, ni que sus clientes fueran “privados de acceder a la tecnología e híbridos de nueva generación”.1 Ahora, en el informe elaborado por la ministra De León a pedido de Vázquez, antes de que el gabinete fuera convocado para el 15 de diciembre, se contestaron y se desmintieron los argumentos manejados por la Aru. El Mvotma aclaró en primer lugar un aspecto sobre el mencionado beneficio económico y productivo de los cultivos transgénicos: “el aumento de la producción nacional en cultivos como la soja y el maíz se explica por un conjunto de factores y no exclusivamente por la introducción de semillas transgénicas”. Entre ellos, el contexto internacional favorable y el alto precio de la soja, además de aspectos locales como la modificación de la política cambiaria, la reducida presión tributaria en el sector e incluso el clima. En pocas palabras, en las cifras millonarias manejadas por los rurales, los transgénicos fueron parte de la historia pero no toda, planteó la ministra en su respuesta.

Desde la Aru también se consideró que “entre las tecnologías propuestas están las respuestas para las crecientes exigencias que los mercados internacionales nos imponen”, entre las que se incluye el reciente protocolo de exportación de soja que el gobierno firmó con China. El Mvotma matizó este punto y sostuvo que la producción agropecuaria orgánica es una alternativa de alto valor agregado con buena proyección mundial para los próximos años. Además, que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está estudiando el mejoramiento genético de semillas no transgénicas originarias de China para abastecer justamente la demanda de ese país. También se argumentó que la soja transgénica que actualmente se vende al gigante asiático tiene como destino únicamente la alimentación de animales, ya que su consumo humano directo está prohibido por políticas internas.

“Se puede aseverar enfáticamente que no existe en todo el orbe evidencia científica que demuestre el impacto negativo de los Ogm (organismos genéticamente modificados) como tales, tanto en lo social, lo ambiental como lo económico”, escribió la Aru en su carta a Vázquez. Por el contrario, en su informe el Mvotma incorporó evidencia científica internacional que da cuenta de la controversia que existe sobre los efectos y riesgos de los Ogm en la salud y el ambiente.

Sobre la salud, el Mvotma advirtió que se han identificado riesgos potenciales vinculados a la modificación genética de los vegetales, pero también al sistema de producción asociado a este tipo de cultivos, es decir a los agrotóxicos empleados. En el informe se desplegó una lista: “la generación de resistencia a antibióticos; el desarrollo o aumento de alergias asociadas a la exposición al producto transgénico; toxicidad a corto o largo plazo; mayor exposición por parte de la población, como sucede con los trabajadores que aplican o preparan las mezclas; y una mayor exposición de las personas que viven o trabajan en las zonas de producción, como vecinos, apicultores y las escuelas rurales; y la pérdida de la inocuidad de estos alimentos por residuos de herbicidas”. En el mismo informe se recordó, además, que casi el 99 por ciento de las muertes por exposición a plaguicidas ocurren en los países en vías de desarrollo, a pesar de que se aplica el 25 por ciento de esos productos.

En lo que respecta a los efectos nocivos sobre el ambiente, el informe destacó el posible impacto de los insecticidas usados en estos cultivos sobre los “organismos benéficos”, entre ellos los polinizadores, como las abejas. A su vez, otra preocupación es el cruzamiento de estos nuevos transgénicos con el maíz criollo, que desde hace tiempo está provocando la pérdida de variedades nativas. Ya se había advertido otras veces, pero el Mvotma insistió: “el uso generalizado y permanente en el tiempo de glifosato ha provocado la aparición y propagación de malezas tolerantes” y eso “conduce a un fenómeno ‘cinta de correr’: la aparición de resistencia lleva a más aplicaciones y con mayores dosis”. Y si ya había riesgos con el glifosato, con los eventos ahora aprobados se suman a la cinta el glufosinato, el 2,4-D y el Dicamba.

Si la Aru afirmaba en su carta que los Ogm han permitido “ahorrar en la aplicación de agroquímicos”, el Mvotma respondió que con el aumento de la superficie plantada con soja transgénica, entre los años 2000 y 2014, las importaciones de glifosato se multiplicaron por diez, pasando de 1.507 a 14.750 toneladas: “Los cultivos transgénicos en nuestro país no disminuyeron sino que incrementaron el uso generalizado de herbicidas”.

En ese contexto resulta evidente –disparó la ministra en el informe– que “es necesario definir a nivel nacional una estrategia de combate a las malezas (en especial las de verano) que no genere los problemas de resistencia” que ocasionan los plaguicidas que afectan “la biodiversidad y la calidad de las fuentes de agua”. “Nuestro ministerio no está en contra per se del uso de Ogm”, resumió cerca del final, pero “no es de recibo que se diga que no se cuenta con argumentos objetivos para fundamentar nuestra posición”.

EL CONSENSO PERDIDO. De los 14 eventos, el Mvotma y el MS se opusieron a los cuatro transgénicos –dos maíces y dos sojas2– que implicaban una liberación comercial, es decir que cualquier productor pueda plantarlos. Los otros diez, en cambio, podrán ser cultivados pero en condiciones controladas, ya sea en laboratorio, en ensayo a campo o para producción de semilla.

A lo largo de los años que lleva la discusión por estos transgénicos, tanto el MS como el Mvotma han planteado que las empresas dueñas de estas tecnologías no presentaron toda la información exigida por la norma nacional ni informes concluyentes (en algunos casos, incluso, el propio investigador contratado por la empresa sostenía que era necesario hacer más estudios para afirmar que los eventos no tendrían efectos sobre la salud y el ambiente). Como lo retomó en el informe entregado a Vázquez, la titular del Mvotma sostuvo que “los estudios que las empresas presentan en el marco de sus solicitudes carecen de evaluaciones de calidad (…), son realizados en condiciones ambientales diferentes a la de nuestro país y en algunos casos tienen muchos años de realizados”.

Por su parte, desde el punto de vista sanitario, el MS ha argumentado que las empresas dueñas de estas tecnologías cometieron errores metodológicos o directamente no presentaron estudios sobre la alergenicidad y la toxicidad de los productos, así como de sus posibles efectos cancerígenos. Además, que si se estudia a estos cuatro transgénicos desde el punto de vista nutricional, difieren significativamente de un cultivo no transgénico, y por lo tanto las empresas violan el principio de “equivalencia sustancial” que dicen respetar.

Los eventos en cuestión implican la introducción de nuevas resistencias a herbicidas que no se han aplicado masivamente en Uruguay, como el Dicamba, y en varios casos apilan resistencias para que al cultivo se le puedan aplicar simultáneamente hasta tres herbicidas, como en el caso de la soja Das, tolerante al glifosato, glufosinato y 2,4-D, un aspecto que preocupa tanto al MS como al Mvotma.

En cuanto al maíz por el que reclamó Monsanto en 2016, el Mvotma recomendó “no autorizar” su liberación comercial porque “presenta resistencia a una plaga (el coleóptero Diabrotica speciosa, una de las “vaquitas de San Antonio”) que no es considerada de importancia económica a nivel nacional”, se lee en el informe de la ministra, y por tanto “se estaría corriendo un riesgo ambiental innecesario con la introducción de dicho evento”. La misma postura tenía y mantiene el MS.

La historia de este maíz refleja la discordia que a lo largo de los años se ha establecido en el gabinete. El primer antecedente data de 2013, cuando Luis Almagro era canciller y ya había manifestado que la información para evaluar nuevos eventos era pobre y que en ese contexto no firmaría nuevas liberaciones.3 Luego se debatió en 2016, pero la oposición de Salud y Ambiente llevó a que otros dos ministerios que forman parte del gabinete –el de Industria, Energía y Minería (Miem) y el de Relaciones Exteriores (Mrree)– adoptaran el “principio precautorio”, es decir, que ante los riesgos para la salud y el ambiente, era preferible no innovar. La tercera fue la vencida y el Mgap “ganó por cansancio”, según varios de los consultados por este semanario. Pero, además, el pasado 15 de diciembre el criterio aplicado cambió respecto de la reunión del año anterior: en 2016 podría haberse negado la aprobación, ya que se contaba con cuatro votos en contra, pero la postura hasta ese momento había sido la de resolver por consenso. Sin mayor explicación ni debate, y ante la presión de la Aru, esta vez el tema fue resuelto por mayoría. El clima del gabinete ya venía evidenciando que tarde o temprano las posiciones de Salud y Ambiente no serían tomadas en cuenta, y la ministra dejó plasmado en su informe que “por las ineficiencias y debilidades del actual sistema de evaluación (…) nos parece que es hora de definir una nueva estructura de trabajo para la aprobación de los organismos genéticamente modificados”.

La ministra presentó su propuesta en el último gabinete, ésta implicaba básicamente que el tema pasara de la órbita del Gabinete Nacional de Bioseguridad, presidido por el Mgap, al Gabinete Ambiental que funciona en la Presidencia. Además, que cuando se analizan temas sanitarios y ambientales, el MS y el Mvotma tengan la última palabra. Sin embargo, no hubo acuerdo en el gabinete para promover un nuevo diseño institucional, pero sí se dispuso un plazo hasta marzo de 2018 para considerar nuevas interpretaciones al actual decreto.

Mientras tanto, el actual mecanismo de liberación de transgénicos, según lo afirmó la ministra en su informe, sigue funcionando sin que se definan “las metas de protección, es decir, qué aspectos de nuestro ambiente y salud queremos proteger de los impactos negativos derivados de la introducción de transgénicos. Esto ha generado que ninguna solicitud se haya evaluado como riesgosa por parte de la coordinación del proceso de evaluación (a cargo del Mgap) y que el sistema actúe “como un mero mecanismo de aprobación de solicitudes y no como gestionador de los riesgos, como propone el espíritu de la normativa en bioseguridad”.

Las repercusiones en la sociedad civil y sectores políticos

La primacía de la presión

La organización uruguaya Redes-Amigos de la Tierra presentó sus reparos ni bien supo de la aprobación de los nuevos eventos. En un comunicado1 el colectivo “denuncia y rechaza” que “gestiones realizadas por la Aru ante el presidente Tabaré Vázquez fueron las que empujaron a tomar esta decisión política sin precedentes en el país, que prioriza favorecer a actores del agronegocio y a las trasnacionales de la biotecnología en lugar de proteger la salud de la población y el cuidado de nuestro ambiente”.

A cinco años de informar a las autoridades acerca de la contaminación transgénica en muestras de maíces criollos en Canelones y Treinta y Tres, “quienes aprobaron estos nuevos eventos de maíz no han mostrado la misma ‘sensibilidad y diligencia’ que para con la Aru, y no han dado respuesta satisfactoria a estas demandas”, sostiene el comunicado de Redes.

En el mismo sentido, los sectores Ir y Casa Grande (Frente Amplio) también emitieron un comunicado2 en el que declaran su “apoyo y solidaridad” al MS y el Mvotma, y le solicitan al gobierno que “considere dejar en suspenso la aplicación de esta resolución, así como la aprobación de nuevos eventos” hasta que no se promueva un debate público con los organismos involucrados, la academia y la sociedad civil acerca de los riesgos que esto implica. También subrayaron la necesidad de “revisar y reformar la institucionalidad en temas de bioseguridad, sancionando una nueva normativa de carácter integral en el Parlamento”. 

  1. Véase “Nuevos transgénicos: primacía de la presión de los agronegocios por encima del cuidado a la salud y el medio ambiente”, en redes.org.uy
  2. Véase “Alerta roja ante la posibilidad del uso de nuevos agroquímicos en plantaciones”, en casagrandefa.com
  1. Véase “Ante la duda todo”, Brecha, 9-IX-16.
  2. El maíz por el que había reclamado Monsanto, que tolera el glifosato y tiene resistencia contra insectos lepidópteros (Mon 89034 x Mon 88017); otro maíz con tolerancia al glifosato y al glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros (TC 150 x Mon 810 x NK 603); una soja con tolerancia a glifosato, glufosinato y 2,4-D (Das 44406-6); y otra soja con tolerancia a glifosato y Dicamba (Mon 8988 x Mon 87708).
  3. Véase “Las semillas de la discordia”, Brecha, 7-XII-12.
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